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Todos los dictadores ofrecen soluciones simples a problemas complejos, pero no todos los que ofrecen estas soluciones simples son dictadores. Muchos, por suerte, se quedan en demagogos que dicen lo que tienen que decir para conseguir el rédito electoral pertinente. Casi todos los políticos son expertos en localizar problemas y ponerlos sobre la mesa, por obvios que estos sean, con la intención de convencer al electorado. Localizan el problema, lo destacan, lo subrayan, asustan sobre las consecuencias de este y presentan la solución. Y es precisamente en este punto de presentación de soluciones donde vemos, si me permitís la vulgaridad, de qué pie cojea el político en cuestión o en qué extremo se encuentra.
Estamos acostumbrados a verlo casi a diario con temas como la inmigración irregular. El problema existente es que hay un número de personas que llega a España en situación irregular generando una externalidad negativa y, mientras hay personas que comprenden la complejidad del problema y que, por ende, tiene una compleja solución que tiene que pasar no sólo por la estructura democrática, sino por el espíritu de los derechos humanos, hay otras personas, generalmente en el extremo derecho, que dicen que la solución simple es la que se tiene que aplicar. Sin entrar a considerar nada más, la solución es que estos inmigrantes son el problema y que por tanto no pueden entrar. Punto. Una solución extrema que no es sino otro intento de deslegitimar el sistema en el que vivimos, basado en el espíritu de los derechos humanos.
Al Partido Popular le ha salido una competencia incómoda con la que se ha visto obligado a pactar en diferentes comunidades autónomas para poder formar gobierno. En boca de todos nosotros está la famosa prioridad nacional donde, en esencia, intentan dar prioridad a los servicios públicos a aquellas personas que, según el texto, tengan un arraigo con el territorio. Si se aplica la interpretación igual y contraria, se entiende que todas aquellas personas que no demuestren ese arraigo estarán fuera del sistema.
Este hincapié en el término ilegal es característico del ala política de la extrema derecha, pero, a su vez, no podemos evitar ver que por la misma naturaleza del término todo el planteamiento queda invalidado y vacío de contenido, toda vez que si algo es ilegal no puede hacerse.
El último pacto, el de Castilla y León, es un texto de sesenta páginas donde se dice de todo. Tocan desde las listas de espera en los hospitales hasta las políticas de caza, ganadería y de reinserción del lince ibérico. El punto diez, sin embargo, es el llamativo porque es el que niega deliberadamente todo servicio público a aquellas personas ilegales. En ningún punto de este décimo capítulo se utiliza el término irregular que sería el jurídicamente vinculante toda vez que ningún ser humano es, per se, ilegal. Este capítulo cierra la entrada a los MENAS, los menores no acompañados —porque da igual que sean menores, son ilegales y por tanto, niños o no niños, hay que deshacerse de ellos-; quieren suprimir la subvenciones a aquellas ONGs que fomenten o que protejan la inmigración ilegal; o reducir el gasto al mínimo imprescindible en lo que concierne a la inversión en centros de atención al inmigrante, insisten, ilegal.
La democracia es más que un sistema complejo de transmisión de poderes. A lo largo de las décadas el término se ha llenado de acepciones sociales positivas vinculándolo directamente a la aceptación de los derechos humanos.
Este hincapié en el término ilegal es característico del ala política de la extrema derecha, pero, a su vez, no podemos evitar ver que por la misma naturaleza del término todo el planteamiento queda invalidado y vacío de contenido, toda vez que si algo es ilegal no puede hacerse. Si alguien subvenciona a una organización que hace cosas ilegales, como el tráfico de personas, está financiando una actividad fuera de la ley y por tanto tendrá consecuencias tanto el financiado como el que financia. Huelga decir que cualquier tipo de ayuda pública tiene condiciones también para los nacionales. Si una persona en España está en situación irregular no podrá, dada la naturaleza de su estatus jurídico, acceder a ningún tipo de ayuda pública porque el sistema no lo contempla. En este mismo punto 10.8 pide, literalmente:
Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
Los datos reales dicen que la inmigración se empezó a percibir como un problema cuando precisamente la extrema derecha empezó a hondearlo como tal. La urgencia nacional que exponen para terminar con el inmigrante antes de que ellos terminen con nosotros es un problema creado por ellos a los que están dando soluciones imposibles de aplicar. Un extremismo también se localiza, en definitiva, cuando da soluciones inaplicables a problemas inexistentes.
Una persona en situación irregular ya está fuera del sistema, ya está en situación de exclusión sin necesidad de dejarlo por escrito en un pacto de gobierno. La derecha y la extrema derecha están proponiendo soluciones que ya existen y planteando otros que son, directamente, inaplicables dentro de nuestro sistema político. No existe ninguna normativa que permita, por ejemplo, que un médico niegue la asistencia a un paciente por su situación jurídica. Diferente caso es que más tarde la consejería en cuestión genera una factura y exija el reembolso de la atención prestada.
La democracia es más que un sistema complejo de transmisión de poderes. A lo largo de las décadas el término se ha llenado de acepciones sociales positivas vinculándolo directamente a la aceptación de los derechos humanos. Por muy democrático que sea un sistema estructuralmente hablando, si no protege, al menos, el derecho mínimo del individuo a la vida será entendido como una democracia a medias. Dicho de otra manera, de una democracia se espera una calidad de vida y una garantía de los derechos del hombre y del ciudadano. Si no, es otra cosa.
Tal vez para cosechar un puñado de votos deleznables el Partido Popular ha comprado el ideario de VOX para mantenerse en el poder. El PP ha comprado el discurso extremista y ha firmado unos acuerdos de gobiernos donde hacen gala de esta prioridad nacional. Tal vez el Partido Popular está actuando con la demagogia correspondiente a sabiendas de que implementar las cosas que exige VOX se escapa de toda posibilidad jurídica —a no ser que se modifiquen principios fundamentales del texto del 78—.
Que el fundamentalismo modifica la percepción de la realidad de la extrema derecha es un hecho probado. Pero el Partido Popular se ha sumado a este fundamentalismo por unas razones más mundanas. Se han sumado a este discurso para arañar aquellos votos deleznables a sabiendas de que defender estos discursos, que niegan toda lógica intelectual, generan en ciertos electores el miedo necesario. Crean el problema, le dan una solución básica, o inaplicable, y cogen fuelle para ganar unas elecciones. Una propuesta cortoplacista a fuerza de generar un odio y un miedo que puede tardar décadas en diluirse.
El corruptor de Conciencias 