No. España no es una dictadura

Que la situación socio política española está patas arriba no es nada nuevo, por desgracia. Tampoco lo es la deriva que la sociedad ha tomado de la mano de unas redes sociales que permiten dar rienda suelta a cualquier cosa, por absurda que sea, haciendo un uso un tanto perverso, si me permitís, del principio fundamental de la libertad de expresión. Este principio, faltaría más, protege a todos los ciudadanos de poder decir lo que quieran, como quieran y cuando quieran sin que las autoridades políticas les pidan rendir ningún tipo de cuentas. Pero, el hecho de que puedas decirlo no implica ni que esas palabras sean bien recibidas, ni que tu opinión valga tanto como las demás ni, en definitiva, que debas decirlo.  Si tu opinión es, por ejemplo, que un homosexual debe recibir atención médica urgente y someterse a diferentes estudios para curar su enfermedad te expones, primero, a enfadar a más de uno y, segundo, a que alguien te diga que eso no es una opinión, sino una auténtica mierda.

 Hace mucho tiempo que ciertos sectores políticos se han sumado a este uso perverso de la libertad de expresión y dicen cosas que hace no hace tanto tiempo serían censuradas por absurdas. De manera muy recurrente se defiende, desde sectores del Partido Popular, que España es una dictadura atrapada por las garras de Pedro Sánchez y su equipo de comunistas sangrientos que han convertido a España en un polvorín personalista donde todo gira en torno al líder supremo.

       Esto lo dice un partido político, que gobierna trece de las diecisiete comunidades autónomas, de un presidente que gobierna en coalición, que tiene minoría parlamentaria y cuyo partido opositor, el PP, que sería el foco de cualquier dictador, gobierna el Senado con mayoría absoluta y cuyo fiscal general del Estado ha sido destituido por medio de una decisión judicial cuestionada por muchos. Una dictadura donde el fiscal general de Estado del dictador ha sido el único que ha sufrido las consecuencias de un caso de corrupción, uno más, que salpica al Partido Popular.   

       La deslegitimación del sistema es un viejo truco ya empleado hace cien años y que llevó al continente a las consecuencias que todo conocemos. Una cultura política donde se dice todo sin importar las consecuencias y donde se aplica la máxima en la que el sistema sólo es legítimo cuando gobierno yo, porque cuando gobierna el contrincante lo ha hecho no por los votos, sino por un mal uso del sistema. La derecha de este país lleva casi una década hondeando la bandera de gobiernos ilegítimos y peligrosos no sólo para el propio sistema, sino para todo el ideario y el sistema de valores de lo que es ser español, como si el votante de un partido de izquierda no fuera tan español como aquel que decide votar a la derecha.  La polarización es sectaria y peligrosa y lo era tanto hace cien años como lo es ahora. Las divisiones asentadas y las subidas de tono y de discurso al que estamos acostumbrados tanto en el Congreso de los Diputados como en los respectivos parlamentos autonómicos son realmente preocupantes porque, si eres un observador un poco pesimista, puedes inferir no ya el enfrentamiento político sano en toda democracia, sino el no reconocimiento del otro.

       Si la derecha no es capaz de desactivar el discurso de odio volcado cada día por VOX, y lo sigue comprando para gobernar en aquellas comunidades donde roza la mayoría absoluta; y si la izquierda no es capaz de pasar por encima de su división, que no es sino su problema ancestral, y no es capaz de salir de la retórica del tú más, realmente se vienen tiempos difíciles para los que entendemos la política como un lugar donde el razonamiento tiene que controlar al temperamento.

       El barco del Partido Socialista está tocado y casi hundido por casi una década de oposición desalmada por parte de un Partido Popular que no ha dudado en hondear cualquier bandera, incluida la de la deslegitimación, para conseguir sus objetivos. La derecha simplemente tiene que ganar, aunque para ello tenga que destruir todo lo que se encuentre a su paso. El discurso constante de la derecha y de la extrema derecha ha calado en las mentes de los españoles y ha añadido a su ideario problemas como la inmigración que no eran percibidos como tal hace poco más de un año.

       La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el enésimo golpe al buque de un gobierno que está cercano a la zozobra, más aún cuando, aún sin tener pruebas, pero tampoco dudas, esta imputación sale de un más que cuestionable proceso fiscal que, aparentemente, está en la línea del Partido Popular de Feijoó desde el año 2023.

       El gobierno mantiene el aliento ante la declaración del expresidente Zapatero el dos de junio, pero, de una manera o de otra, todo parece indicar que nos acercamos inevitablemente a unas elecciones generales que, esta vez, parece que sí serán decisivas porque en ellas veremos si Pedro Sánchez es realmente el ave fénix que tanto le caracteriza o si ya queda plasmado el giro hacia la derecha de la sociedad española.

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